Según la tradición, la víspera de la batalla decisiva del puente Milvio, en el 312, Constantino vio una señal en el cielo y ordenó pintarla en los escudos de sus soldados. La victoria sobre su rival lo hizo dueño de la parte occidental del imperio. Sea lo que fuere lo que hay detrás de este relato, desde aquel momento el cristianismo y el poder de Constantino marcharon juntos.
Ya en el 313 el Edicto de Milán, promulgado junto con Licinio, proclamó la tolerancia religiosa y puso fin a las persecuciones: el cristianismo pasó de fe perseguida a fe permitida. Los bienes confiscados fueron devueltos a las iglesias, y los mártires de ayer se convirtieron en súbditos protegidos por la ley. Por primera vez en tres siglos, confesar a Cristo dejó de ser mortalmente peligroso.
En el 325 Constantino convocó en Nicea el Primer Concilio Ecuménico para zanjar la disputa sobre la naturaleza de Cristo. El Concilio condenó la doctrina de Arrio y puso el fundamento del Credo — la breve confesión de fe que todavía hoy se recita en el culto. El emperador, aún sin bautizar, presidía entre los obispos: lo espiritual y lo político quedaron atados en un solo nudo. Fundó además una nueva capital a orillas del Bósforo — Constantinopla, la «Nueva Roma», centro de un futuro imperio cristiano durante mil años.
Y aquí nace la ambigüedad. La libertad se convirtió en pacto con el Estado: una fe perseguida ayer empezó a apoyarse en la espada y el tesoro. De ahí vienen a la vez la grandeza de la civilización cristiana y su tentación perpetua — el «cristianismo imperial», en el que es difícil distinguir el servicio a Dios del servicio al Estado.